Busca monografías, tesis y trabajos de investigación

Buscar en Internet 

       Revistas   Cursos   Biografías

rss feeds RSS / /

La imposición de contravenciones administrativas por la Administración Pública en el sector de Comercio, Gastronomía y los Servicios; invasión al derecho laboral

Resumen: Los antecedentes normativos del derecho administrativo sancionador se pueden encontrar en muchas leyes y codificaciones antiguas, y en el derecho de Policía, señalando ademas como otros ejemplos que confirman este posición, lo es Código de Hamurabi en Babilonia, el Corpus Juris Civiles en Roma, y en las Institutaes de Justiniano...

Publicación enviada por MsC. Alcides Francisco Antúnez Sánchez




 


Consideraciones preliminares:
Los antecedentes normativos del derecho administrativo sancionador se pueden encontrar en muchas leyes y codificaciones antiguas, y en el derecho de Policía, señalando ademas como otros ejemplos que confirman este posición, lo es Código de Hamurabi en Babilonia, el Corpus Juris Civiles en Roma, y en las Institutaes de Justiniano.

En Cuba el Estado ha propiciado un amplio ejercicio de esta potestad sancionadora de la Administración, con el aumento de la gama de conductas ilícitas cuyo tratamiento corresponde al área del Derecho Administrativo, por lo que ha ocurrido en nuestro ordenamiento jurídico una tendencia a desarrollar un derecho administrativo sancionador.

En el sector del comercio, la gastronomía y los servicios en la Ciudad de Bayamo, es objeto de acciones de control, al amparo de los agentes de la Administración Pública que investidos en la función publica de Inspectores estatales ejecutan inspecciones a las unidades y establecimientos del Ministerio de Comercio Interior de subordinación provincial y local.

A raíz de crearse un grupo de supervisión bajo la jurisdicción del Consejo de la Administración Municipal en Bayamo, se creo un grupo de inspectores estatales, que bajo la tutela legal de la Inspección ejecutan de forma periódica controles a las unidades de este sector.

Los operadores del derecho que asistimos al sector empresarial nos hemos encontrado una invasión del derecho administrativo hacia el derecho laboral, al encontrar que en las actas de evidencia de la inspección estatal los Inspectores, luego de imponer la contravención administrativa, requieren a la administración la aplicación de una medida disciplinaria, comunicación que puede ocurrir dentro del termino de más de treinta días hábiles de que ocurrió el hecho, y que de no aplicar la medida disciplinaria esta administración, le comunican al inmediato superior del requerido para que se le aplique la medida correspondiente al mismo.

Revisados expedientes de casos dentro del sector hemos constatamos que existen personas naturales que han sido multadas en el periodo de un año natural en más de 10 ocasiones, y que otras su rehabilitación laboral trascurrirá pasados más de 15 años. 

La muestra estuvo focalizada fundamentalmente en la Empresa Municipal de Gastronomía de Bayamo, en la Empresa Municipal de Comercio Minorista, y en la Empresa de Servicios Especiales que abarca la gastronomía y restaurantes de lujo.

1.- Antecedentes históricos del sistema contravencional cubano (Periodos antes de 1959, de 1959 a 1977, de 1978-2008). 
En Cuba, al igual que en el viejo mundo, no se habla de ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, hasta que no se desarrolló el Derecho administrativo, y por ende las disposiciones jurídicas que comenzaron a tipificar los ilícitos administrativos, lo que no dice en modo alguno que no existieran órganos administrativos, ni intereses que protegían en este orden antes del siglo XX. Ejemplo de esto lo tenemos con la Legislación de Indias implementada por la Metrópoli en nuestro país.

En los finales del siglo XIX en Cuba se hicieron extensivos los Códigos Penales y Civiles de la Metrópoli, los que contribuyeron al proceso de institucionalización judicial en el país en todos los órdenes. Ya en el 1936 se promulga en el país la Ley no. 802 Código de Defensa Social , norma que recogió los tipos contravencionales en sustitución del termino de faltas usado por el que le precedió.

En 1979, mediante el Decreto Ley no. 27 , luego de la extracción del Código Penal las contravenciones, constituyéndose entonces en infracciones administrativas que protegían a los bienes jurídicos en relación con las normas establecidas por el Consejo de Ministros. Ya en la década de los años ochenta, al realizarse modificaciones a la legislación penal, con la promulgación de la Ley no. 62 en 1987 , casi al unísono dio a la luz el nuevo modo de exigencia de la responsabilidad administrativa a través de las Contravenciones Personales. 

Es el Decreto Ley No. 99 , con el advenimiento en Cuba del denominado periodo especial, es algo real que la economía y la sociedad cubana se afectaron sensiblemente, teniendo el país que ejecutar una apertura económica la que hoy en día nos ha permitido subsistir al acérrimo bloqueo de los Estados Unidos impuesto por más de cuarenta años. Esta norma jurídica, define a la contravención, como “la infracción de las normas o disposiciones legales que carecen de peligrosidad social por la escasa entidad de sus resultados”. 

Pero que ha ocurrido, una ruptura entre esta legislación y las reglas que para su concepción sistemática pretendió establecer esta norma, lo cuál aún hoy día persiste.

2.- Panorámica actual del sistema contravencional cubano.
Somos del criterio y coincidimos plenamente con otros autores cubanos que las actuales disposiciones emitidas por parte del Estado, que son parte del Derecho Administrativo sancionador en el país, dentro de su contexto social y jurídico son trascendentales, sobre todo para la persona natural. Su finalidad es coercitiva, reparadora y además correctiva. 

Además que de manera preventiva constituyen un regulador en la conducta social de los ciudadanos, siempre en correspondencia con el interés de la Administración Pública como persona jurídica superior. 

Esto nos da una medida de que en un momento determinado los agentes de la administración pública, investidos en la función estatal de la inspección como acción de control pueden hacer un uso arbitrario de esta, siendo una cuestión riesgosa en nuestro criterio en materia de Seguridad Jurídica, pues viola el principio de Legalidad. Nos basamos al plantear el exceso del órgano que aplica su poder discrecional sobre los ciudadanos que ejecutan funciones públicas en el organismo que como operadores del derecho asistimos y que fue objeto de la muestra dentro del sector del comercio, la gastronomía y los servicios en el periodo de 2006 al 2008.

No encontramos la proporcionalidad entre las sanciones que se aplican como resultado de las acciones de control, que en ocasiones rebasan la cuantía de la multa impuesta por el Tribunal como máximo órgano jurisdiccional, y el salario de un obrero cubano común, traspolandose este derecho administrativo al derecho laboral, al exigir por la autoridad facultada en las instituciones estatales la aplicación de una medida de corte disciplinario luego de impuesta esta multa administrativa. Que en muchos casos no debía haber ocurrido de esta manera.

3.- La inspección estatal en Cuba
Tiene sus antecedentes en la etapa prerrevolucionaria, ejecutada por la Administración Estatal Capitalista, dirigida a los ciudadanos y al sector público, fijada en el artículo 1903 del Código Civil .

El profesor Héctor Garcini nos expresaba que en los primeros años de nuestra Revolución no existían las condiciones adecuadas para crear las instituciones adecuadas a un Estado proletario, el Presidente de la República de Cuba, General Raul Castro, la sitúa en el año 1970 cuando se comienza el proceso de institucionalización, se reestructura el Consejo de Ministros y se crea su Comité Ejecutivo, se reorganiza el sistema judicial y se crean las condiciones para instalar instituciones representativas experimentales en la provincia de Matanzas. Tiene lugar además el 1er Congreso del Partido Comunista de Cuba y se aprueba y promulga la Constitución , de 24 de febrero de 1976, como punto culminante de este proceso.

La Administración Pública investida de la facultad de emplear la coacción administrativa, la que se basa en la soberanía estatal y activa dentro del marco de la relación general de poder. En cada institución pública se pueden usar medios especiales de coacción adecuados a su finalidad. 

Teniendo en cuenta de que coacción es el empleo de la fuerza legitima que acompaña al derecho para hacer exigible sus obligaciones y eficaces sus preceptos. Por tanto es el Estado y las leyes quienes fijan en cada caso las autoridades que poseen el poder o la atribución de usar los medios coactivos y cuales han de ser estos. Son normas de la Administración Publica dirigidas a los administrados.

En la etapa revolucionaria, la inspección estatal en Cuba, tiene su marco legal en el actual Decreto Ley no. 100 , puesto en vigor su aplicabilidad en la década de los años ochenta. Donde un grupo de organismos de la Administración Central del Estado han establecido sus cuerpos de inspectores, dándole vigencia a los mismos a través de reglamentos, como es el caso del Ministerio de Salud Pública que ejecuta la inspección sanitaria estatal , el Ministerio de Ciencias con la inspección ambiental estatal, Tecnología y Medio Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el propio Ministerio de Comercio Interior y otros organismos, como los grupos de inspección que se crean por parte de los Consejos de la Administración a nivel provincial y municipal. 

En el municipio de Bayamo, esta inspección estatal integral esta dirigida al sector del comercio, la gastronomía y los servicios, bajo la jurisdicción del órgano de gobierno del municipio. Con una oficina de supervisión, ejecutora de las acciones de control que se realizan al universo de unidades del sector, integrada por un cuerpo de inspectores quienes ejecutan su acción dirigida a las personas naturales y jurídicas. Constituida a tenor del acto de gobierno 

Esta disposición legal, en su articulo 9, en el inciso d, le facultad a los inspectores estatales a “solicitar, en los casos que proceda, el inicio del correspondiente procedimiento disciplinario contra los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores presuntamente responsables de las infracciones detectadas “

Por otra parte el posterior inciso e, les autoriza a verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas como resultado de inspecciones anteriores. He aquí a nuestro modo de ver el vínculo de la norma administrativa como resultado del poder de la Administración Pública con el derecho laboral. Reiterativo en el posterior artículo 21, inciso b, en relación con la obligación de la entidad como resultado de la inspección ejecutada a la misma, en cuanto a: iniciar, en su caso, procedimiento disciplinario contra los responsables de la infracción. 

Pero la resultante de esta aplicabilidad de la norma jurídico administrativa es que se ha hecho una costumbre que en cada contravención administrativa impuesta en el acta como evidencia de la inspección estatal realizada la que comúnmente denominan Acta Convenio, exigen la aplicación de una medida disciplinaria en relación con la contravención impuesta. 

3.1.- La inspección estatal al sector del comercio, la gastronomía y los servicios
La inspección estatal que se realiza en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios es ejecutada por parte de los propios inspectores estatales creados por el Ministerio de Comercio Interior, en este caso la denominados inspección interna. Que no es de nuestro interés abordarla en este trabajo.

Por otra parte la inspección estatal realizada por los otros organismos que pertenecen a la Administración Central del Estado, en particular por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, de Trabajo y Seguridad Social, Medio Ambiente, y otros, es criterio de los autores del trabajo que se atemperan a la letra de la norma jurídica en materia contraventiva.

El cuerpo de inspectores creado por el órgano de gobierno, denominado Inspector Integral al amparo del Acuerdo No. 4047 del 2001 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Reglamento de las Administraciones Municipales y Provinciales del Poder Popular, en el artículo 38 predetermina que los Presidentes de los Consejos de la Administración Municipal y Provincial pueden, de resultar necesario, adoptar instrucciones (está presente sólo este término) complementarias a los acuerdos de dichos Consejos; y en su artículo 55, apartado 19, refrenda como atribución común de las direcciones administrativas provinciales y municipales la de instruir (téngase presente esta palabra) y asesorar a sus entidades subordinadas y a los órganos homólogos del nivel municipal, en el cumplimiento, aplicación y control de las disposiciones que están obligados a cumplir en materia de su competencia. En ese sentido también hay que observar el artículo 56, apartado 4, del Acuerdo 4047 de ese Comité pues destaca como deber, atribución y función común de los Jefes de las Direcciones administrativas provinciales y municipales la de dictar, en el límite de sus facultades y competencia, disposiciones (expresión que consideramos en sentido amplio) de obligatorio cumplimiento para sus entidades y, en su caso, para las demás entidades radicadas en el territorio, siempre que contravenga lo establecido en disposiciones de superior jerarquía. Disposición Interna que ha sido modificada por el Acuerdo No. 6176 del año 2007. Esto queda refrendado pues la Administración Publica en Cuba se identifica a partir del Consejo de Ministros, las delegaciones ministeriales y los organismos que tienen subordinación vertical, y los Consejos de la Administración de los órganos locales del Poder Popular, en plena correspondencia con la Ley de división político administrativa en que esta estructurado nuestro territorio nacional.

La actuación del grupo de inspectores que ejercen como Inspectores Integrales no se acogen a criterio del autor a las regulaciones que se expresan en la norma escrita en materia de derecho contravencional, pues es común en los mismos en incurrir de forma general en las irregularidades siguientes al momento de aplicar la norma, que son:
· Uso inadecuado de la figura contraventiva al imponer la multa al infractor.
· Uso incorrecto de la norma jurídica contraventiva.
· Traspaso de la potestad de funcionario público en la función de inspector al exigir la aplicación de medidas disciplinarias a la administración de la empresa.
· No hay un uso adecuado del rango de la norma sancionadora en materia contravencional, al imponer la cuantía de las multas personales e institucionales.
· No hacen profilaxis educativa con los infractores antes de recurrir a la multa como ultima instancia.
· No hacen un análisis de la coincidencia de las indisciplinas cometidas por parte de los comisores, sus causas que la generan, áreas de mayor reincidencia, personas naturales de mayor reincidencia, que les permitiría tomar otras decisiones en este particular.
· La insuficiente preparación técnica y profesional del cuerpo de inspectores.
· Insuficiente preparación ética del trabajo profesional del cuerpo de inspección.

Por tanto tomando el criterio expuesto por el Dr. Alberto Chartzman Birenbaum , quien expone que “la acción humana es el conjunto de medios y fines; para que dicha acción sea buena, tiene que serlo el conjunto. No es difícil deducir entonces, que un buen fin nunca justifica ni puede justificar unos medios reprobables. “Del cuál nos afiliamos los autores de este trabajo.

Porque ocurren todas estas irregularidades, son muchas las causas a nuestro modo de ver que inciden a nuestro modo de ver, que son:
· la insuficiente preparación técnica jurídica de los funcionarios públicos habilitados como inspectores integrales.
· la poca preparación en materia de cultura jurídica para quienes se les otorga esta facultad, al ser agentes de esta Administración Pública.
· la amplia variedad de aspectos técnicos que en su momento tienen al imponer una contravención, del cual a titulo de los autores no estan preparados estos agentes públicos.
· lejos de que el derecho contravencional cubano tiene irregularidades como derecho sancionador por haber sido elaborados debido a la urgencia practica que los motivo, es un hecho real que no siempre han estado articulados de forma adecuada dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es de suma importancia tener en cuenta este aspecto pues han sido emitidos indistintamente por parte del Consejo de Estado en Decretos Leyes y otros por el Consejo de Ministros a través de Decretos, usando el mandato constitucional que les faculta para emitir estos actos.
· hay carencia de instrumentación de un régimen jurídico que regule el ejercicio de esta potestad sancionadora de la administración y sus limites, como de un procedimiento administrativo que sea común, fuera del marco jurisdiccional, esto ha traído como consecuencia su escaso desarrollo al mismo.

4.- Las contravenciones administrativas, su imposición por la inspección estatal en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios
Todos conocemos que el sector objeto de este trabajo es un sector muy complicado y siu generis en cuanto a su composición de la masa laboral que es muy heterogénea, pero que en su mayoria sus trabajadores perciben un salario promedio de 265.00 pesos en moneda nacional, los directivos un salario promedio que oscila en 375.00 pesos en moneda nacional.

4.1.- Las multas personales.
La letra de la norma, las dispone en el artículo, que señala que se les imponen a las personas naturales , la multa, en relación con la persona natural, en relación con lo que se establece en nuestra legislación civil.

4.2.- Las multas institucionales
Son las multas que les son impuestas a las personas jurídicas , relacionadas con lo establecido en nuestra Carta Magna y en los Decretos Leyes No. 67 y 147 respectivamente, como en el Acuerdo No. 6176 para los Consejos de la Administración en municipios y provincias.

4.3.- Figuras contraventivas de mayor inposición por la inspección estatl en el sector de comercio, gastronomía y los servicios. 
Luego de realizar un análisis de las figuras contraventivas de mayor incidencia y uso por parte del Inspector estatal integral al momento de aplicar la contravención encontramos el siguiente resultado:
· Decreto Ley 227, de 1997, CONTRAVENCIONES PERSONALES DE LAS NORMAS QUE RIGEN LA POLÍTICA DE PRECIOS Y TARIFAS
· Decreto 123, de 1984, DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL ORNATO PUBLICO, LA HIGIENE Y OTRAS ACTIVIDADES
· Decreto 155, de 1989, CONTRAVENCIONES DE LAS REGULACIONES SOBRE COMERCIO MINORISTA, GASTRONOMIA Y DETERMINADOS SERVICIOS. AUTORIDADES FACULTADAS PARA IMPONER MULTAS Y RESOLVER LOS RECURSOS.
· Decreto 184, de 1993, CONTRAVENCIONES SOBRE LAS REGULACIONES DEL REGISTRO COMERCIAL.
· Decreto 272, de 2001, CONTRAVENCIONES EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE URBANISMO Y MEDIDAS APLICABLES.
· Decreto 200, de 1999, CONTRAVENCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIDAS APLICABLES.

5.- Vínculo del derecho administrativo con el derecho laboral en relación con la aplicación de medidas disciplinarias por solicitud de la inspección estatal integral. 
El vínculo del derecho administrativo con el derecho laboral en este trabajo lo vemos, a partir de lo dispuesto en el artículo, del Decreto Ley No. 100 , el que establece en su artículo y cito: 

En la pesquisa realizada dentro de la muestra objeto de investigación y en el término utilizado por los investigadores, pudimos comprobar el resultado de las medidas que han sido aplicadas por la administración a sus trabajadores, de las que se reiteran con mayor frecuencia las siguientes:
· Amonestación Pública ante el colectivo laboral en relación con la norma aplicable a los trabajadores. 
· Amonestación Pública en relación con las normas aplicables a los cuadros, dirigentes y funcionarios. 
· Multa Personal al salario del trabajador en relación con la norma aplicable a los trabajadores. 

Esto nos ha demostrado que en estos momentos por el resultado de casos revisados hay trabajadores que su término de rehabilitación en relación con la cantidad de veces que han sido objeto de contravenciones está en el término de 10 a 15 años, que les tomará para estar rehabilitados laboralmente como lo dispone la norma. Los que aún seguirán siendo objeto de medidas disciplinarias como resultado de acciones de control por parte de la Inspección Integral que responden a los intereses de los Consejos de la Administración Provincial y Municipales.

6.- Conclusiones.
Primera: Hay una invasión del derecho administrativo al derecho laboral, por parte de lo inspectores estatales integrales que ejecutan acciones de control al sector del comercio, la gastronomía y los servicios en el municipio de Bayamo.

Segunda: Existe un uso inadecuado de la norma contraventiva al momento de imponerla el inspector estatal integral, ya que muchas de estas no se corresponden con la infracción detectada.

Tercera: Se constató la necesidad de incrementar la cultura jurídica por parte de la Inspección estatal al momento de imponer contravenciones administrativas.

Cuarta: Hay evidencia de indisciplinas administrativas por parte de las administraciones en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios, las que se deben analizar a nivel de los empresarios para revertir la situación actual.

Quinta: Compartimos el criterio que los actos administrativos generados por la inspección estatal en materia contraventiva en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios no le ofrecen seguridad jurídica a quienes se le imponen.

Sexta: Hay ausencia de una Ley marco para las sanciones, cuestión muy riesgosa para la seguridad jurídica, violándose el plano de legalidad, pudiéndose volver muy arbitrario el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, pues no hay limites que encausen su poder discrecional, ya que es el propio órgano que genera la norma que luego aplica, pudiendo conducirle a excesos que se alejan del marco garante que forma parte del Derecho. 

Séptima No hay relación entre el principio de legalidad y la discrecionalidad administrativa. 

Octava: La cuantía de las multas a imponer rebasan en ocasiones los salarios promedios de estos trabajadores, incluso de muchos de los tipos de multas penales establecidas en el Código Penal Cubano., no existiendo correspondencia con el bien jurídico protegido, quebrantándose de esta forma el principio de proporcionalidad.

7.- Bibliografía.
Textos Consultados:
· COLECTIVO DE AUTORES. Derecho Laboral Cubano. Tomos I y II. Universidad de La Habana.
· COLECTIVO DE AUTORES, Temas de Derecho Administrativo Cubano. Tomos I y II. Editorial Félix Varela. La Habana. Cuba. 2004. 
· COLECTIVO DE AUTORES, Estudios de Derecho Administrativo. Editorial Félix Varela. La Habana. Cuba. 2002. 
· FERNANDEZ BULTE, Julio. Teoría del Estado y el Derecho. T. I y II. Editorial Félix Varela. La Habana. Cuba. 2002.
· GARCINI GUERRA, Héctor. Derecho Administrativo. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba. 1984.
· GARCIA DE ENTERRIA y TOMAS RAMON PARADA. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Civitas s.a. Madrid. España. Tomos I y II.
· SUAREZ GRANDA, Héctor. Temas de derecho administrativo. Universidad de Oriente.
· PRIETO VALDES, Martha y PEREZ HERNANDEZ Lissette. Selección de Lecturas de Derecho Constitucional Cubano. Editorial Félix Varela. La Habana. Cuba. 1999.
· VIAMONTES GUILBEAUX, Eulalia. Derecho Laboral Cubano, teoría y legislación. Universidad de La Habana. Tomo I. Editora Félix Varela. 2005. La Habana. Cuba. 

Materiales consultados en soporte digital:
· ATIENZA, Manuel. El control de la discrecionalidad administrativa.
· MANTILLA CORREA, Andry. El administrado.
· ________________. Las disposiciones internas de la administración como fuente del Derecho Administrativo.
· Resolución V Congreso del Partido Comunista de Cuba. 
· FERNANDEZ, Tomas Ramón. Sobre el poder discrecional y su ejercicio arbitrario.
· Evolución Histórica de la Administración Pública.
· El control judicial de la discrecionalidad administrativa.
· La revisión de la discrecionalidad administrativa por el poder judicial.
· Ética de la función pública.

Disposiciones jurídicas:
· Constitución de la República de Cuba. Editora Ministerio de Justicia. 2003. La Habana, Cuba. Gaceta Oficial Extraordinaria no. 3, de 31 de enero de 2003.
· Ley No. 7 de 1979, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. Ediciones MINJUS. La Habana. Cuba.
· Ley No. 49 de 1984, Código de Trabajo. Ediciones MINJUS. La Habana. Cuba.
· Ley No. 62 de 1987, Código Penal. Ediciones MINJUS. La Habana. Cuba.
· Ley No. 83 de 1997. De la Fiscalia. Gaceta Oficial Extraordinaria. No. 8 de 12 de abril de 1997. 
· Decreto Ley no. 67 de 1979. De organización de los Organismos de la Administración Central del Estado. Ediciones MINJUS. La Habana. Cuba.
· Decreto Ley no. 100 de 1983. De la Inspección estatal. Ediciones MINJUS. La Habana. Cuba.
· Decreto Ley no. 99 de 1987. De las contravenciones personales. Gaceta Oficial Extraordinaria de 25 de diciembre de 1987.
· Decreto Ley no. 147 de. De reorganización de los Organismos de la Administración Central del Estado.
· Decreto Ley no. 176 de 1987, Sistema de Justicia Laboral Cubano. Ediciones MINJUS. La Habana. Cuba.
· Decreto Ley No. 196 de 1999. Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado Cubano. Ediciones MINJUS. La Habana. Cuba.
· Decreto Ley No. 197 de 1999. Disciplina de los Dirigentes y Funcionarios. Ediciones MINJUS. La Habana. Cuba.
· Decreto Ley no. 200 de 1999. Contravenciones Medio Ambiente
· Decreto Ley No. 251 de 2007. Modificativo de los Decretos Leyes 196, 197 y 236.
· Decreto no. 155 de 1989. Contravenciones de las regulaciones sobre comercio minorista, gastronomía y determinados servicios.
· Decreto no. 184 de 1993. Contravenciones registro comercial.
· Decreto no. 227 de 1997. Contravenciones política de precios y tarifas minorista.
· Decreto no. 272 de 2001. Contravenciones en materia de urbanismo.
· Acuerdo No. 4047, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Reglamento de los Consejos de la Administración Provincial y Municipal.
· Acuerdo No. 6176 de 2007, Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Reglamento de los Consejos de la Administración Provincial y Municipal.
· Resolución No. 8 de 2005, Política de empleo. del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
· Resolución No. 188 de 2007, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Reglamento Disciplinarios.
· Manual de Finanzas al Día. Legislación sobre multas, control y cobros. Tomo I. CEF. Cuba. 

Páginas electrónicas consultadas:
· hptt//www.mtss.co.cu
· hptt//www.gacetaoficial.co.cu

Valora este artículo 5   4   3   2   1

Comparte  Enviar a facebook Facebook   Enviar a menéame Menéame   Digg   Añadir a del.icio.us Delicious   Enviar a Technorati Technorati   Enviar a Twitter Twitter
Artículos Destacados